Condenan a más de 11 años al asesino de Nahuel Ortiz

Esta semana el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Campana sentenció a 11 años y 6 meses de prisión a “Tavo” Aquino por encontrarlo responsable del homicidio de Nahuel Ortiz, el adolescente de 15 años de la localidad de Garín que en octubre de 2014 había recurrido a él para comprar marihuana para uso personal.

Durante casi cuatro años el asesino de Nahuel estuvo prófugo. Todo ese tiempo Gloria Martinez, madre de Nahuel, en forma inclaudicable siguió cada dato que le llegaba sobre el paradero del victimario de su hijo. Recorrió barrios y asentamientos aportando cuanta información y pista obtenía a la fiscalía a cargo de la investigación, su auto impuesta misión resultó vital para dar con el homicida.

Esta búsqueda encontró eco en diferentes movimientos sociales de la zona norte del conurbano bonaerense ( CCC,CTEP, Barrios de Pie, la Pastoral Social), movimientos que tomaron la sed de Justicia de esta madre como bandera propia, conformaron una mesa de lucha contra las adicciones y presentaron ante el Congreso de la Nación y en los municipios de la zona, proyectos para que se declare la emergencia en adicciones. La propuesta no es otra que la de alertar y formar conciencia sobre los estragos que la droga causa en los jóvenes y en el entorno familiar.

En ese sentido, el abogado de Gloria Martinez, Gonzalo Fuentes y Arballo, querellante en la causa, señaló que “la inseguridad que el narcomenudeo conlleva a barrios periféricos es una ´enfermedad´ que afecta a la sociedad en general, y la ausencia del diseño de una política criminal que apunte a su erradicación se constituye en un mal endémico en la política nacional”.

“El consumo generalizado por parte de los jóvenes y su correlato, el narcomenudeo, son, sin demasiados posibles cuestionamientos, de los principales orígenes de la actual problemática de inseguridad. En ese sentido se hace necesario una perspectiva de confrontación proactiva que contenga características innovadoras ante el fracaso de anteriores planteos en el entendimiento que se debe dejar de lado antiguos preconceptos en cuanto a que el combate a las drogas debía solo ser abordado por especialistas en la materia, en particular fuerzas de seguridad y el sistema judicial” apuntó el letrado que además es Director de ACEP.

Profundizando en la problemática, Fuentes y Arballo evaluó que “resulta necesario una perspectiva general integradora con la sociedad civil en sus diferentes expresiones con el norte puesto en la innovación y transformación del sistema de prevención en adicciones, en este función el Estado tropieza con enormes obstáculos”.

“El combate del consumo y tráfico de estupefacientes requiere un enfoque intergubernamental más amplio y complejo, el cual por supuesto debe incluir pero no limitarse a sectores judiciales, fuerzas de seguridad y agencias gubernamentales pero que precisa un imprescindible aumento en el enfoque local, el énfasis en el ámbito preventivo que debe darse en relación al uso y abuso de tanto el alcohol como de estupefacientes a nivel poblacional en general incluyendo el nivel escolar” alertó el abogado, añadiendo que “también es necesario el poder contar con estadísticas confiables, que establezcan un real posicionamiento no solo con respecto al abuso sino también sus consecuencias y hábitos urbanos, el abuso no tratado constituye un foco precursor de hábitos delictuales relacionado con la juventud”.

“Tal vez, casos como el de Nahuel Ortiz nos lleven a un imperativo necesario para afrontar de cuajo el problema: no estigmatizar al consumidor o abusador y promover su reinserción social que solo se consigue mediante un tratamiento terapéutico que el individuo debe afrontar, no desde la vergüenza, sino desde la convicción de la aceptación de una situación que le es imposible manejar sin ayuda profesional, el Estado debe intensificar el proveer soluciones terapéuticas y encarar en forma periódica campañas de concientización y destigmatización del consumo” concluyó Fuentes y Arballo.

Fuente: escobarnews.com