JORGE ALVAREZ:
“Indocumentados,
la deuda social”
Lunes, 31 de
mayo de 2010
 En
nuestro país
cerca de medio
millón de
personas no
fueron anotadas
al nacer y por
ende carecen de
una partida de
nacimiento y un
DNI. Son
indocumentados.
La posesión de
un DNI que
certifica la
identidad de una
persona es un
derecho, al que
se accede luego
de un trámite en
las oficinas del
Registro
Nacional de
Personas
existentes en
cada localidad
del País.
Esta
certificación de
identidad ha de
permitirle a
cada individuo
ser reconocido
por el Estado y
adquirir una
identidad que lo
ha de acompañar
a lo largo de su
vida.
Los
indocumentados
son invisibles
para las
estadísticas
oficiales, ellos
no podrán
acceder a una
educación plena
ya que cursarán
la escuela, sin
la posibilidad
de obtener el
certificado
final de
estudios, por lo
cual no podrán
acceder al
secundario.
Tampoco pueden
recibir las
becas de
estudio, etc.
Para los
indocumentados
entrados en la
juventud, el
acceso al empleo
solo puede darse
en trabajos mal
remunerados sin
cobertura social
de ningún tipo,
nunca podrían
hacerlo en
blanco.
Tampoco podrán
votar ni ser
votados o
acceder al
crédito, no solo
bancario, sino
el de las casas
de
electrodomésticos
u otro tipo de
comercios. Su
vida esta
condenada a la
informalidad y
la precariedad.
Cuando una
persona nace sus
padres tienen
hasta 40 días
para anotarlo,
pasado ese
tiempo la
inscripción está
fuera del plazo
legal y allí
comienza el
peregrinar de
los
indocumentados.
Ahora bien
¿porque existen
los
indocumentados?
Se trata de un
problema
estructural que
no tiene una
sola
explicación,
pero si el
denominador
común de la
pobreza y la
marginalidad.
Los
indocumentados
son los hijos de
la expulsión del
mercado laboral
de millones de
argentinos en
los últimos
treinta años.
Ante esta
situación el
Estado ha
brindado
diversos
incentivos para
alentar la
inscripción de
los niños
indocumentados,
incluso se
promulgo el
decreto 90/09,
que elevo a los
12 años la edad
para la
inscripción
fuera de termino
en el Registro
Civil con la
presencia de dos
testigos que
acrediten la
identidad del
menor, este
Decreto tiene
plazo de dos
años corridos.
Aún así, las
cifras de
indocumentados
no disminuyen.
¿El motivo?
Faltan políticas
públicas que
tomen la
iniciativa de
inscribir a los
niños
indocumentados,
en particular en
los Municipios,
que aprovechen
la legislación
Nacional al
respecto y
puedan
garantizarle a
los niños
indocumentados
acceder a su
identidad. No es
tan complejo
realizarlo,
bastaría con
realizar primero
un relevamiento
en las escuelas
para luego
organizar junto
a sus Padres los
requisitos para
presentarlos en
los Registros
Civiles
correspondientes.
Similares
acciones pueden
llevarse a cabo
con las Madres
que buscan
inscribir a sus
hijos en el
acceso al
Ingreso
Universal.
Las
organizaciones
sociales pueden
contribuir y
mucho,
capacitando a
sus miembros
sobre como
actuar en estos
casos, en
particular con
los niños
mayores de 12
años que aún
deben iniciar un
juicio de
inscripción en
la justicia.
Pero ese es otro
cantar.
Por lo pronto
debemos hacernos
cargo que los
indocumentados
son la gran
deuda social que
corroe el piso
mínimo de
dignidad que una
sociedad puede
tolerar. Podemos
hacer mucho.
Jorge Álvarez
Presidente del
Instituto
Abierto para el
Desarrollo y
Estudio de
Políticas
Públicas (iadepp)
Fuente:
Escobar News
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