¿De qué hablamos, cuando hablamos de las termoeléctricas?

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Para quienes viven hace más de cuarenta años en las inmediaciones de la subestación Matheu, la problemática de las centrales termoeléctricas es de larga data.

A principios de la década de los ´70, tanto la subestación Matheu, como la de General Rodriguez, se constituyeron en los principales nodos de distribución de energía eléctrica para Capital Federal y el Gran Buenos Aires a través de SEGBA, la empresa estatal que por aquel entonces se dedicaba a la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica.

En sus planes originales, siempre estuvo contemplado que en ambas subestaciones se pudiera generar energía eléctrica a través de centrales térmicas por sus ubicaciones estratégicas. De hecho, durante el último gobierno de Juan Domingo Perón, tras un atentado terrorista que dejó fuera de servicio al Sistema Interconectado Nacional y dejó a oscuras a todo el AMBA, se aceleró la instalación de una central termoeléctrica en la subestación Matheu que consistían en dos poderosas turbinas alimentadas por fuel oil.

Por aquellos años, solo un puñado de familias vivían en las cercanías de la subestación Matheu y poco se sabía de los impactos ambientales que producían a la población el funcionamiento de aquella usina. Los reclamos (que nunca fueron escuchados) solo se centraban en el nivel de ruido que producían. Para ejemplificarlo, era como tener un Boing 747 en el living de la casa encendido las 24 horas del día, los 365 días del año.

Toneladas de hollín, producto del quemado de combustibles fósiles, se acumularon durante años; sin embargo, pasaron totalmente desapercibidas para escasa población que convivía con la central termoeléctrica.

Los vecinos de la subestación Matheu recuperaron su calidad de vida recién en la década del 80, cuando el país cambió su matriz energética y la inauguración de la represa Salto Grande era una muestra de ello, y las aparatosas usinas fueron desmanteladas.

Pero en el año 2009, una nueva emergencia energética hizo resurgir en el predio ubicado en la ruta 25 y la calle Alborada la idea de generar electricidad a través de centrales termoeléctricas, pero esta vez usando gas natural en vez del fuel oil que, hasta el día de hoy, siguen funcionando discretamente por sus pequeñas dimensiones.

Ningún ambientalista levantó la voz en todos estos años, hasta que Araucaria Energy y APR Energy empezaron a construir sus plantas térmicas en la sub estación Matheu, y ahí comenzaron los rumores sobre los posibles impactos ambientales que traerían aparejadas estas centrales.

Sin lugar a dudas, el desencadenante de los reclamos fue la falta de información por parte de las empresas que ganaron la licitación en el año 2016, lo que dio lugar a un sinfín de especulaciones, sembrando angustia y temor.

Partamos de la base que a ningún vecino le gustaría vivir con un avión en la puerta de su casa, basta con fijarse como reaccionaron quienes viven en las inmediaciones del aeropuerto de El Palomar. Pero las sospechas sobre contaminación de las centrales termoeléctricas van más allá del ruido molesto.

No son pocos los que temen (y con razón) perder su calidad de vida, tomando en cuenta que el área donde se están instalando estas centrales fue recategorizada por el Concejo Deliberante de Pilar como categoría 3, que corresponde a las industrias de mayor riesgo contaminante que su actividad conlleva.

Las conclusiones a las que llegan los vecinos y ambientales fueron a través de conjeturas. Ningún vecino cuenta con el conocimiento técnico para determinar si existe o no riesgo para su salud, y mucho menos cuenta con los instrumentos para efectuar las mediciones que se requieren, pero esas conjeturas se fueron posicionando rápidamente como verdad ante el silencio de Araucaria Energy y APR Energy, que ni siquiera rindieron cuentas en una audiencia pública como exige la ley.

Desde luego que en esa instancia ambas empresas se hubieran presentado como emprendimientos absolutamente inofensivas para el medioambiente y la calidad de vida de los vecinos que viven en la zona, pero privaron a los interesados de poder efectuar preguntas, evacuar dudas sobre su funcionamiento y de sus posibles peligros para la comunidad.

Hoy hay cientos de preguntas que esperan respuestas que solo Araucaria Energy y APR Energy pueden responder, aunque recientes estudios habrían dado resultados no esperados, y que le estarían dando la razón a las sospechas de los vecinos que acudieron a la Justicia para frenar la puesta en marcha estas centrales.

En ese sentido, esos revelamientos indicarían que las turbinas (similares a las de un avión) en pleno funcionamiento sobrepasarían los niveles de ruido permitidos. Ese es el talón de Aquiles de las termoeléctricas, ya que difícilmente se las podrán silenciar o al menos llevar la emisión de ruidos por debajo de la línea permitida, incluso para empresas que gocen de los beneficios de la categoría 3.

Lógicamente, que no solo el ruido es lo que perturba a los vecinos. Se habla de contaminación aérea por la emisión de gases tóxicos y de las aguas de arroyos por el vertido de efluentes en ellos.

Los ambientalistas también advierten que estas centrales pondrían en riesgo la cuenca del Puelche al que “pincharían” para hacerse de millones de litros agua que precisarían para su proceso de generación eléctrica.

Hoy todo esto está en manos de la Justicia. En primera instancia, los vecinos tuvieron su primera victoria, pero en la Cámara Federal de Apelaciones, las presiones podrían revertir el contundente fallo del Juez Federal Adrían González Charvay.

No obstante, y más allá de la decisión judicial, sería oportuno que tanto Araucaria Energy, como APR Energy, se abran a la comunidad y brinden la información que miles de vecinos precisan, aunque resulta difícil construir confianza frente a empresas que van tras un enorme negocio como lo es la generación de energía eléctrica, lejos de la gente.

Pablo Aiello
Director de Escobar News